En 2007, la Corte de Justicia de Salta determinó como práctica judicial el uso de la Cámara Gesell para recibir la declaración de niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos de delitos que atenten contra su integridad sexual.

Este dispositivo es usado en la ciudad de Salta y en Orán, mientras que será también incorporado en las Ciudades Judiciales que se construyen en Metán y Tartagal.

De esta forma, en toda la Provincia quedará implementada esta práctica que en octubre de 2010 fuera presentada por el Poder Judicial ante miembros de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y de Unicef, en oportunidad del lanzamiento en Salta de la “Guía de Buenas Prácticas para el abordaje judicial de niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos de violencia, abuso sexual y otros delitos. Protección de sus derechos y obtención de pruebas válidas para el proceso", elaborada por estas dos organizaciones.

La Cámara Gesell permite que los niños víctimas de delitos declaren ante un Juez con la colaboración de un psicólogo en un ambiente adecuado y amigable. La Ciudad Judicial cuenta con una Cámara Gesell en el subsuelo del edificio. Se trata de dos oficinas acondicionadas con tecnología de audio como gabinetes con los implementos adecuados a la edad y etapa evolutiva, separadas por un vidrio que permite la visión unidireccional para seguir las distintas instancias de la declaración del menor. De un lado el psicólogo con el menor y del otro el Juez y el Fiscal, Defensor y Asesor de Menores intervinientes.

Estas audiencias son grabadas, con la finalidad de evitar que el menor sea citado nuevamente a declarar y de esta forma evitar los daños psicológicos contemplados dentro de lo que se conoce como victimización secundaria.

Por Acordada 9827, la Corte de Justicia resolvió en 2007 el uso de la Cámara Gesell como práctica judicial y desde entonces se ha generalizado su uso en todas las causas donde el menor es víctima o testigo de delitos, sea contra su integridad sexual o por hechos de violencia familiar.

Al adoptar esta práctica, la Corte de Justicia de Salta cumplió con la Convención sobre los Derechos del Niño que tiene rango constitucional y que implica para el Estado, el compromiso de adoptar medidas que aseguren el resguardo de los niños contra todo tipo de maltrato, incluyendo el institucional.

Aquella Acordada de 2007 establecía además la erradicación de las prácticas judiciales que atentan contra la integridad de las víctimas infantiles como por ejemplo, la reiteración de declaraciones, procedimiento que estimula el temor, la contradicción e incluso la negativa a recordar o expresar.