La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal (integrada por los jueces Alejandro W. Slokar, Ángela Ester Ledesma y Ana María Figueroa) resolvió, por mayoría, reclamar a través de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al Honorable Congreso de la Nación la pronta aprobación del proyecto de ley, que cuenta con media sanción, por el que se crea el “Plan Integral para el abordaje de los consumos problemáticos- Plan ICOPRO” (Expediente 5833-D-2012).

El tribunal anuló el procedimiento policial en un caso en el que el imputado había sido detenido ilegalmente, invocándose la existencia de “olor a marihuana”, y en el que se comprobó que el accionar policial fue en verdad motivado en el conocimiento previo que se guardaba del sujeto, supuesto bien próximo al paradigma de derecho penal de autor.

De allí que el tribunal -por mayoría conformada con los votos de los camaristas Slokar y Ledesma- decidiera anular la detención y reclamar la pronta aprobación del proyecto de ley, que tiene estado parlamentario.

Se concluyó que la escasa cantidad de estupefacientes que poseía el detenido se encontraba dentro de su ámbito de privacidad y no pudo demostrarse ostentación o trascendencia tal que haya ocasionado un daño o peligro a terceros, en consonancia con el alcance establecido por la Corte en el fallo “Arriola”.

En ese sentido, el voto del juez Slokar urgió “el abordaje sanitario y asistencial desde una perspectiva no represiva y menos estigmatizante que la originada en la justicia federal, donde la derivación coactiva terapéutica queda automáticamente convertida en apéndice ejecutor de una política penal que privilegia la bagatela en lugar de dirigir sus recursos (por cierto, muchas veces escasos) a la persecución de las auténticas redes clandestinas de comercialización, lo que siempre demanda el adecuado control fronterizo y la oportuna detección de maniobras de lavado de dinero”.

También señaló que “dejar de perseguir consumidores mediante el sistema penal permitirá duplicar los presupuestos de las respuestas estatales no represivas que se podrían desarrollar en torno a ellos. Esto, sin considerar todavía otros costos, como los institucionales, sociales y humanos que produce el sistema penal”, y que “utilizando solo los montos destinados por las agencias policiales y judiciales a perseguir conductas de consumidores, se podrían duplicar los presupuestos de las respuestas estatales no represivas”.