El Sistema de Control Judicial de Unidades Carcelarias, organismo impulsado por la Comisión de Ejecución Penal de la Cámara Federal de Casación Penal, llevó a cabo la semana pasada un nuevo encuentro y elaboró su primera recomendación, en la que resalta la necesidad de que se realicen denuncias judiciales en todos los casos de muerte de personas privadas de su libertad.

En concreto, recomienda al Servicio Penitenciario Federal que en todos los casos de fallecimiento de personas privadas de libertad se disponga como primera medida la inmediata intervención del juez y del fiscal competentes, a fin de que se instruya causa en la que se deberá investigar ese deceso de manera imparcial y exhaustiva. Dicha recomendación se hizo extensiva a los servicios penitenciarios provinciales y a todas las fuerzas de Seguridad que actúan en el país, con respecto a los detenidos federales que se encuentren alojados en los establecimientos que de ellos dependan.

El Sistema está integrado por la Comisión de Ejecución Penal de la Cámara; su Subcomisión, compuesta por jueces de tribunales orales; los jueces a cargo de las respectivas comisiones de Cárceles de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal y de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional; los jueces nacionales de ejecución penal; representantes de la Procuración General de la Nación y de la Defensoría General de la Nación; representantes de la Procuración Penitenciaria de la Nación y un representante del CELS, que interviene en carácter de miembro consultivo. Con aquel fin, el Sistema dispuso en sus primeros encuentros pronunciarse mediante recomendaciones.

La recomendación fue entregada el pasado jueves por el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos, a las autoridades del Servicio Penitenciario Federal.