En una nueva audiencia del juicio oral por la tragedia ocurrida el 30 de diciembre de 2004 en el local República Cromañón, donde murieron 194 personas, declararon los imputados Patricio Fontanet, Daniel Cardell y Juan Alberto Cardone, integrantes del grupo Callejeros.

Cardell, escenógrafo del grupo musical y primero en declarar, afirmó ser inocente de todos los cargos que se le imputan y fundamentó sus dichos en explicar las tareas que desarrolló la noche del 30 de diciembre de 2004: “Los delitos que se me imputan no se ajustan a ninguna de las tareas que realizo”, indicó.

En tanto, Cardone, saxofonista de la banda, también se declaró inocente y rechazó la acusación a Callejeros sobre el ingreso de espectadores en un número tres veces superior a la capacidad del establecimiento: “La habilitación la tenía que ver un inspector, no nosotros”. Y agregó que los músicos nunca alentaron el uso de pirotecnia.

En relación a Fontanet, vocalista del grupo, su testimonio fue el más breve y no llegó a los diez minutos de duración. Afirmó ser inocente y argumentó que en su primer  declaración indagatoria, en 2005, sus dichos se tergiversaron. “Conté un hecho ocurrido en mayo de 2004 y se interpretó que estaba hablando de lo que sucedió en diciembre de ese año en Cromañon”.

Fontanet también remarcó que las acusaciones se enmarcan en actividades no relacionadas con sus tareas: “Sólo  soy cantante; no empresario, ni policía, ni inspector ni miembro de la Cruz Roja”. El imputado dijo que la noche de la tragedia subió al escenario “pensando que todo estaba en condiciones” y afirmó que sólo después de lo ocurrido supo que la puerta alternativa estaba cerrada.

Declaración ampliada

La audiencia comenzó con la ampliación de la declaración de Ana María Fernández, ex funcionaria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, también imputada en la causa. Aseguró que sus funciones en la Unidad Polivalente de Inspecciones (UPI), dependencia encargada del control de los locales bailables, “se limitaron a cumplir tareas administrativas de menor rango”.

Asimismo, Fernández argumentó que esa unidad “contaba con escasos recursos humanos para cumplir sus funciones. Teníamos 60 inspectores para 200 mil locales, ya que la UPI no solo debía controlar boliches sino también locales comerciales y de servicio”.