La Justicia Federal de La Plata fue pionera en juzgar delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno militar. El ex comisario Miguel Etchecolatz y el ex capellán del Ejército Cristian Von Wernich fueron condenados por la Cámara Federal de esa ciudad en 2006 y en 2007, respectivamente, por violaciones a los derechos humanos.

Hoy, esas sentencias marcan “un estándar de juzgamiento” para el resto de las causas en el país, aseguró el juez Carlos Rozanski, que presidió por entonces aquel tribunal y que actualmente es uno de los magistrados que lleva adelante el juicio por la desaparición de Carlos Labolita, en Mar del Plata.

“El estándar que se aplicó es exactamente el que deriva de las convenciones sobre derechos humanos”, indicó Rozanski, y aclaró que significa que se puede juzgar garantizando el derecho de las víctimas a saber qué pasó y el derecho de defensa de los imputados.

“Congeniar esas dos cosas no es sencillo, a mi entender se logró. Una prueba acabadísima de ello es que hoy la sentencia contra Etchecolatz es cosa juzgada en la República Argentina”, resaltó. Cuando una sentencia de esa magnitud queda firme, “significa que lo que quedó como cosa juzgada es todo, no simplemente que un hombre es culpable, es el procedimiento por el cual se llegó a la conclusión de que es culpable”, añadió.

El fallo que condenó a Etchecolatz a reclusión perpetua fue confirmado por la Corte en febrero último, mientras que la sentencia con igual pena contra Von Wernich fue ratificada por la Cámara de Casación Penal en marzo.

La convalidación del fallo contra el ex comisario por parte del Máximo Tribunal implica la validación de los parámetros utilizados por el tribunal para llevar adelante el proceso, indicó Rozanski, y son los que “tienen que significar mantenimientos estándar de juzgamiento” para el resto.

Los parámetros utilizados por la cámara para juzgar a Etchecolatz son los mismos usados en el caso Von Wernich, explicó.

Con relación a los juicios de lesa humanidad en general, Rozanski aseguró que “no hay un solo país en el mundo que pueda exhibir este tipo de procesos, no porque no se hayan hecho juicios sino porque una cosa es un tribunal penal internacional que juzgó un caso determinado, como Nuremberg o La Haya, y otra muy distinta es el propio tribunal del Estado que violó los derechos humanos y que hoy tiene un sistema judicial capaz de juzgar estos casos”.

Y agregó que aquello se puede hacer “porque hay decisión política de que se juzguen y porque hay una vocación democrática en quien los están juzgando. Esto es bueno en sí mismo y es la parte llena del vaso. La parte vacía es que hay que hacerlo de una manera más ágil para que se pueda llevar en tiempo razonable”, aseguró.

Celeridad

Frente a la demora de los juicios explicó que existen dos posibilidades para agilizar los procesos: una es la concentración por circuito de centros clandestinos y otra, depende de la zona del país, por cuerpo de ejército.

“De esa manera, las cientos de causas que hay en trámite se resumirían en cuatro, cinco o diez causas. Con los recursos adecuados, materiales y humanos, esto se hace en tres o cuatro años”, indicó.

Rozanski advirtió que existe una percepción social que “ve que se pone en marcha todo el aparato judicial para juzgar los casos (de lesa humanidad), pero también ve que el paso del tiempo atenta contra eso”.

Esa visión “es absolutamente justificada. El problema se presenta en la respuesta que se le da a esa percepción. Es todo el sistema el que tiene que sentirse desafiado para dar respuesta o decir "no se puede hacer"; también está algo intermedio, que es decir ésta es la respuesta que podemos dar, este es el ritmo que podemos darle y entonces ahí es opinable”, concluyó.