La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Hernán Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo M. Hornos, por mayoría, resolvió tener por parte querellante a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en una investigación por la presunta comisión de los delitos de trata de personas y reducción a servidumbre.

La causa penal se inició como motivo de una denuncia efectuada por el organismo recaudador, a raíz del resultado que arrojó un procedimiento de fiscalización que había realizado sobre dos locales ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los que funcionaban talleres textiles.

Por mayoría, se sostuvo que como consecuencia de los delitos denunciados en el caso resulta afectada la integridad de los recursos de la seguridad social y, con ello, también el Estado es particular ofendido por dichas conductas como titular de la hacienda pública.