El Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles, que preside el juez Gustavo M. Hornos y que busca proteger los derechos humanos de los privados de su libertad, lleva a cabo controles sin previo aviso para verificar las condiciones de vida de internos y emite recomendaciones.

En la oportunidad, la Comitiva estuvo integrada por los jueces Mirta López González, Martín Vázquez Acuña y Sergio Paduczak; la médica psiquiatra Laura Sobredo, integrante del equipo interdisciplinario de Procuvin; los defensores públicos oficiales Benjamín Solá y Maximiliano Dialeva Balmaceda; el delegado de la Procuración Penitenciaria Nacional Facundo Giubergia y el médico Pablo Briones, y la secretaria del Sistema de Control de Cárceles, Lucía Gallagher.

El pasado jueves, la Comitiva se hizo presente en el Escuadrón 20 de “Orán”. Ubicado a 320 kilómetros de la capital salteña aloja -bajo custodia de la Gendarmería Nacional- a detenidos federales, principalmente imputados por infracción a la ley de drogas.

En la segunda jornada de monitoreo, y con especial interés en aspectos asistenciales vinculados a las problemáticas propias de las mujeres privadas de la libertad, la comitiva también visitó el Complejo Penitenciario Federal del Noroeste.  El CPF III está ubicado en General Güemes, y tiene capacidad para alojar aproximadamente a 294 varones y 200 mujeres.

El Sistema llega a las inspecciones con información de índole diversa que le aportan las instituciones miembros y algunas decisiones judiciales.

Los monitoreos procuran controlar de manera inmediata las reales condiciones de alojamiento, mediante la recorrida no guiada y la observación directa de la estructura material de alojamiento y sanitaria, el relevamiento de aspectos como el trato y el régimen de vida, la alimentación, la atención médica y también las calificaciones y el debido proceso en el régimen sancionatorio administrativo; así como el acceso a los períodos de la progresividad.

Este relevamiento, que tuvo en cuenta las características y particulares circunstancias de los lugares de alojamiento, producirá un informe detallado y, en su caso, señalamientos y recomendaciones.

Así lo viene haciendo el Sistema por todo el país en las unidades SPF y ha incluido a dependencias de fuerzas de seguridad federales y provinciales, así como a institutos que alojan adolescentes.

Entre los objetivos buscados está el de garantizar los derechos que las personas no pierden por su detención, como el derecho a la vida y a la dignidad, y coadyuvar a disminuir la criminalidad  y particularmente la reincidencia delictiva procurando su reinserción e inclusión social.

El control amplio y efectivo de la ejecución de la pena privativa de la libertad constituye una propuesta de cambio cultural en el ámbito judicial; así como una evolución de la perspectiva de abordaje de las cuestiones penitenciarias y las condiciones de detención, mirar tras los muros desde la óptica de los Derechos y ya no de las prohibiciones.

Informe e imágenes: Comisión de Ejecución Penal de la Cámara Federal de Casación Penal