El pasado lunes, los miembros del Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles concurrieron a la I Mesa de Trabajo de estudio y análisis para la reforma del Sistema Penitenciario Federal, a la que fueron convocados por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, y el subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios, Juan Mahiques.

El encuentro se llevó a cabo en la sede del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y participaron los jueces Gustavo M. Hornos, Mariano Hernán Borinsky, Pablo Jantus, Antonio Pacilio, Sergio Paduczak, Mirta López González, Martín Vázquez Acuña y Cristina Deluca Giacobini. Además se encontraban presentes el procurador Penitenciario de la Nación, Francisco Mugnolo, y los directores Ariel Cejas Meliarie y Carlos Acosta; el titular de la Procuvin, Miguel Palazzani, y los defensores Guillermo Todarello y Gustavo Vargas, por la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación, así como otras personalidades del ámbito jurídico, funcionarios, representantes de la comunidad académica y actores sociales. Entre éstos, la presidenta de la Asociación Civil de Familiares Detenidos en Cárceles Federales, Andrea Casamento.

La humanización del poder, la reinserción social de las personas privadas de su libertad y la necesidad de transparentar la opacidad propia de la institución carcelaria fueron algunos de los ejes que se enunciaron en la mesa de diálogo, que conformó la primera de una serie de reuniones destinadas trabajar en los pilares de una reforma integral del sistema carcelario.

Los magistrados y funcionarios intercambiaron puntos de vista con el ministro y señalaron las perspectivas acerca de la problemática relativa a las condiciones de detención y a la adecuación de la política penitenciaria a los estándares internacionales de protección y garantía de los derechos humanos.

Las autoridades del Ministerio escucharon las propuestas de los miembros del Sistema de Control de Cárceles y coincidieron en que era indispensable profundizar el desarrollo de políticas penitenciarias para la integración social, promoviendo las mejoras necesarias para lograr el aseguramiento de los derechos de las personas privadas de su libertad.

Informe: Comisión de Ejecución Penal de la Cámara Federal de Casación Penal

Foto: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación