Los jueces Angela E. Ledesma, Alejandro W. Slokar y Mariano H. Borinsky resolvieron este jueves confirmar las condenas a la pena de prisión perpetua impuestas a Miguel Raúl Gentil -en ese entonces Jefe de la Policía provincial- y Joaquín Guil -ex Director de Seguridad de la Policía de la provincia-, y de dos años de prisión respecto de Rubén Nelson Herrera y Pedro Javier Herrera -en ese entonces miembros de la Guardia de Infantería de la Policía de la provincia-.

A su vez, por el voto mayoritario de los jueces Slokar y Borinsky, se hizo lugar al recurso de la fiscalía y las partes querellantes y se anularon las absoluciones de Andrés del Valle Soraire y Jorge Héctor Zanetto.

En la sentencia se tuvo por acreditado que el 11 de marzo de 1976, cuando el ex gobernador Miguel Ragone salía de su hogar en dirección hacia el Hospital San Bernardo, en donde se desempeñaba como médico, “un grupo de tareas fuertemente armado, actuando coordinada y planificadamente, al amparo de un aparato estructurado y organizado de poder, produjo su secuestro y muerte”, y continúa hasta la fecha desaparecido. A su vez, se entendió probado que “en el curso de dicho acontecer ese grupo provocó la muerte de Santiago Catalino Arredes e intentó ultimar a Margarita Martínez de Leal, quienes se encontraban casualmente en el lugar”.

Los imputados Gentil y Guil fueron condenados en orden a los delitos de homicidio doblemente agravado -por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas- en perjuicio de Miguel Ragone; homicidio doblemente agravado -por el propósito de ocultar otro delito, asegurar sus resultados, lograr impunidad y por el concurso premeditado de dos o más personas- en perjuicio de Santiago Catalino Arredes; y por la tentativa de homicidio doblemente agravado -también por el propósito de ocultar otro delito, asegurar sus resultados, lograr impunidad y el concurso premeditado de dos o más personas- en perjuicio de Margarita Martínez de Leal; mientras que los imputados Herrera fueron condenados por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento.