El Juzgado Federal Nº 1 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak, resolvió el pasado 14 de julio el procesamiento de Enrique Armando Cicciari, Rodolfo Antonio María Juncos, Rubén Vicente Sánchez, Rubén Rodolfo Sabich, Enrique Francisco Welsh, Héctor Reynaldo Amuchástegui, Ismael Ramón Verón, Luis Gustavo Diedrichs, Jorge Alberto Crinigan, Lucio Carlos Ramírez, Miguel Ángel Amigo, Emilio Alberto Herrero Anzorena, Gustavo Adolfo Cacivio, Ricardo Armando Fernández, Carlos del Señor Hidalgo Garzón, Anselmo Pedro Palavezzati, Carlos María Romero Pavón, Roberto Armando Balmaceda, Jorge Héctor Di Pasquale, Jaime Lamont Smart y Rodolfo Aníbal Campos, por 106 privaciones ilegales de la liberad y 6 homicidios de quienes permanecieron detenidos en el centro clandestino que funcionó en la sede de la Comisaría Octava de La Plata, sita en la intersección de las calles 7 y 74 de la ciudad de La Plata, entre los años 1976 y 1978. En la misma resolución se dictó falta de mérito respecto de Antonio Parodi, por no haberse probado hasta el momento hechos ilícitos cometidos durante el breve período en el cual efectivamente se desempeñó como comisario en esa repartición.

En cuanto a su ubicación en el esquema represivo, la Comisaría Octava ofició como una especie de eslabón final en la cadena de centros clandestinos que funcionaron en la ciudad y en zonas cercanas, articulando con distintos circuitos e instalaciones de detención ilegal de personas, informaron desde el juzgado.

Dentro del enorme aparato burocrático y clandestino, se agregó, la Comisaría Octava fue utilizada como último paso en la cadena de ilegalidades sufridas por las víctimas, generalmente en casos en los cuales se iniciaba un proceso de legalización de su situación. Procedentes de otros centros clandestinos -de cuyo paso no se conservó registro formal pero se encuentra acreditado en esta y otras causas-, y obviamente sin que mediara orden legal de autoridad competente, en este caso en cambio sí se los anotaba en los libros de registro de la Comisaría. Por lo general, el paso por la Comisaría Octava terminaba con el traslado de las víctimas a una unidad penitenciaria a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, o bien con su liberación. Sin embargo, se han acreditado seis casos de homicidio.

Se indicó que la incorporación del centro clandestino en el esquema general de represión ilegal tuvo por función específica precisamente la de ocultar o disimular la procedencia clandestina de los detenidos y, de ese modo, del resto del dispositivo de represión ilegal. Los detenidos clandestinos convivían con detenidos comunes y eran custodiados por personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, pero los traslados y las decisiones sobre su situación correspondían a la estructura represiva implementada desde el Primer Cuerpo del Ejército. Particularmente fue la única comisaría de la ciudad que dependió directamente del Regimiento de Infantería Mecanizada Nº 7 “Coronel Conde” y del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata, con la anuencia y activa intervención de la Gobernación Provincial.

En cuanto a los homicidios detectados, se afirmó, cinco de ellos pretendieron ser ocultados merced a la anotación de falsas liberaciones en el libro de registro de detenidos de la seccional. Así, se consideró probado que Elena Arce, Nora Formiga y Margarita Delgado fueron fusiladas inmediatamente después de ser retiradas de la dependencia policial. En similar sentido, se acreditó que Jorge Caravelos y Lucía Swica aparecieron asesinados en un fraguado accidente automovilístico tras simular documentalmente su liberación. En cambio, se determinó que Juan Ramón Cascallares fue asesinado por una patota dentro de la Comisaría Octava, pretendiendo ocultarlo bajo el ropaje de un supuesto suicidio.