La Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, integrada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, confirmó en la causa seguida contra Lázaro Báez y otros los embargos preventivos dispuestos sobre ochenta inmuebles de propiedad del nombrado, de sus allegados y de su grupo empresario, y también la inhibición general de bienes decretada sobre una veintena de firmas vinculadas al grupo Báez ante las sospechas de que a través de ellas se hubiera canalizado dinero proveniente de ilícitos.

Esas medidas fueron adoptadas para proteger los bienes en miras a un futuro decomiso, para cumplir con los compromisos económicos que genere una eventual condena y también para hacer cesar la comisión del delito. Y resultan consecuencia no solo de los hechos por los que ya han sido indagados y procesados, sino también por todos aquellos otros que la Cámara ha venido señalando al Juez en sus sucesivas resoluciones que debe incluir en la investigación y por la particular situación dada por el continuo descubrimiento de nuevas propiedades, cuyo número total todavía se desconoce.

También la Cámara avaló provisoriamente la inhibición general de bienes de otras dos personas –que se encuentran bajo sospecha en la causa y que aparecen vinculados a dos de las empresas de Nevada- pero recomendó que la Uif y los otros querellantes y el Fiscal realicen medidas de prueba para confirmar mayores relaciones con las maniobras investigadas en la causa.