La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Ana María Figueroa (presidenta), Mariano Hernán Borinsky y Gustavo M. Hornos, resolvió hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal contra la resolución de los magistrados de la instancia anterior, en la cual entendieron que el juez instructor no contaba con elementos objetivos para proceder a la intervención de las líneas telefónicas que condujeron, finalmente, al secuestro de gran cantidad de material estupefaciente.

Al evaluar las constancias obrantes en el expediente, de conformidad con lo sostenido por el fiscal general, los jueces de la Cámara de Casación sostuvieron que la actividad desplegada por el personal preventor justificó la adopción de las medidas probatorias dispuestas, adecuándose el caso de autos a los estándares establecidos por el Máximo Tribunal en el fallo Quaranta.

Las intervenciones telefónicas fueron ordenadas en el marco de una causa en la que se investiga una estructura delictiva compleja dedicada al tráfico de más de 100 kilogramos de marihuana.