En una resolución dictada este jueves, el Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del juez Luis Armella, intimó al Estado nacional, a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a arbitrar las acciones necesarias tendientes a lograr una política de estado regional sobre la cuenca Matanza-Riachuelo para el saneamiento de esa zona hídrica, dado su actual estado de “catástrofe ambiental”.

Además, pidió “mayor compromiso” a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) para cumplir con el mandato de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Mendoza”, donde ordenó un plan integral para el saneamiento de esa zona, al advertir un “obrar insuficiente” por parte de ese organismo.

En ese escenario, Armella exigió a ACUMAR elaborar un Plan Integrador de Saneamiento Ambiental, que contemple un cronograma preciso de tareas a desarrollar, con las fechas exactas de inicio de obras tendientes a la recomposición del ambiente. La presentación de ese documento “no podrá excederse más allá del 31 de diciembre del corriente año”, bajo apercibimiento de aplicar multas diarias a los funcionarios responsables.

El plan integrador requerido por Armella identifica los objetivos a desarrollar para alcanzar el fin planteado por el Máximo Tribunal. Así, se deberá prever el cumplimiento de un sistema internacional de medición, el fortalecimiento institucional de ACUMAR, el ordenamiento territorial de la cuenca, el saneamiento de basurales, la limpieza de los márgenes del río y la expansión de la red de agua potable, entre otras medidas.

En tanto, el magistrado fijó para el próximo 6 de octubre, a las 10, la realización de una audiencia, donde ACUMAR, el Ministerio de Planificación Federal, AySA, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expongan verbalmente el cumplimiento del objetivo “Limpieza de márgenes de río”.