El Juzgado Federal Nº 3 de Mar del Plata, a cargo del juez Santiago Inchausti, decretó los procesamientos con prisión preventiva de personas imputadas por delitos de lesa humanidad, que revistieron cargos en el Ejército Argentino, más específicamente en el área de inteligencia.  La resolución se dicto en el marco de la causa nº 5.664 (y sus conexas), caratulada “Subzona 1/15 s/ privación ilegal de la libertad”, en donde se investigan los procedimientos de secuestro de personas en el territorio que abarcó la Subzona 1/15 que comprendía las localidades de General Lavalle, General Juan Madariaga, Mar Chiquita, Balcarce, General Alvarado, General Pueyrredón, Lobería, Necochea y San Cayetano.

Los procesamientos con prisión preventiva fueron dictados contra: 1) Carlos Alberto Suárez, 2) Hugo Ernesto Pabon; 3) Emilio Guillermo Nani; 4) Rubén Enrique Miguel Fernández; 5) Carlos Víctor Milanese;  y 6) Enrique Horacio Capella, por ser miembros en el delito de asociación ilícita, figura que concurre en forma real con los delitos de privación ilegal de la libertad doblemente agravada por mediar violencia y amenazas lo que a su vez concurre materialmente con imposición de tormentos agravada por haber sido cometidos en perjuicio de perseguidos políticos, en concurso real con los delitos de privación ilegal de la libertad doblemente agravada por mediar violencia y amenazas e imposición de tormentos agravada por haber sido cometidos en perjuicio de perseguidos políticos y homicidio calificado (arts 45, 55, 210, segundo párrafo, 144 bis inc. 1º y último párrafo –ley 14.616– en función del art. 142 incs. 1º y 5º –ley 20.642–, 144 ter, 1° y 2° párrafo –ley 14.616–, arts. 80 inciso 6º del Código Penal, y arts. 306 y 312 del C.P.P.N).

También se dispusieron los procesamientos de Jorge De Malmayne Duppa; Julio Efraín Irizarri y Juan Ramón Goicochea por considerarlos miembros de la asociación ilícita (artículo 210 del C.P.), disponiéndose a su respecto una caución personal, la que una vez cumplida, permitirá que ambos recuperen la libertad.

A todos ellos, se les fijó un embargo de tres millones de pesos.