El juez Diego Alejandro Amarante, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°5, ordenó en el marco de la causa CPE 1084/2016 el allanamiento de diversos domicilios, con el objeto detener e indagar a 11 personas en orden a los delitos de contrabando (artículos 863, 864, inciso “b”, y  865, incisos “a”, “c”, “f” e “i” del Código Aduanero) y asociación ilícita (artículo 210 del Código Penal). Asimismo, dispuso la captura internacional de una persona que residiría en Estados Unidos de Norteamérica.

Las detenciones fueron dispuestas respecto de once personas sobre las que ya pesaba la prohibición de salida del país, la mayoría funcionarios de la Dirección General de Aduanas, entre ellos Eduardo Alfredo Bernardi y Edgardo Rodolfo Paolucci, y de un ex agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado.

En el marco de la investigación se habían dispuestos numerosos allanamientos, intervenciones telefónicas, se le recibió declaración a un imputado bajo la figura del arrepentido y secuestraron un total de seis contenedores que habrían ingresado irregularmente país mediante la simulación de mudanzas. También se contó con la colaboración en las pesquisas de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que actuó en la formación de legajos de investigación patrimonial de los involucrados, y en el entrecruzamiento y sistematización de las comunicaciones perfeccionadas a través de las líneas telefónicas de interés para la causa.

El juzgado pudo constatar y avanzar en la desarticulación de una organización integrada por más de diez personas que habría ingresado al país 58 contenedores repletos de mercadería simulando mudanzas y utilizando fraudulentamente el régimen de equipaje no acompañado. Dicha asociación habría operado, cuanto menos, desde el mes de octubre del 2015 hasta el mes de agosto del 2016 y habría ingresado ilegalmente al territorio nacional mercadería estimada en mil seiscientos millones de pesos ($ 1.600.000.000), con un perjuicio fiscal potencial estimable en aproximadamente seiscientos cincuenta y tres millones de pesos ($653.000.000).