En un nuevo encuentro del Sistema Interinstitucional de Control de las Unidades Carcelarias, los miembros recibieron al director ejecutivo del CELS, Gastón Chillier, y a las comisionadas Josefina Ignacio y Rocío Alconada, integrantes del Comité contra la Tortura.

Por el Sistema se encontraban presentes el juez de la Cámara Federal de Casación Penal Gustavo M. Hornos; los jueces Sergio Paduczak, Cristina Deluca Giacobini, Alicia Vence y Vilma Bisceglia; el fiscal Andrés Heim, a cargo de Procuvin, y la coordinadora del área de encierro, Bárbara Franco. Por la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación asistieron Guillermo Todarello y Juan Manuel Rojas Amantegui; por el Programa de Violencia Institucional Luciano Hazan; por la Procuración Penitenciaria de la Nación el director general de Protección de Derechos Humanos en cárceles, Ariel Cejas Meliare; y la secretaria del Sistema de Control de Cárceles, Lucía Gallagher.

También la sociedad civil estuvo representada en la reunión. En efecto, concurrieron Paula Litvachky y Eva Asprella, en representación del CELS; Mario Juliano y Fernando Gauna Alsina, de la Asociación Pensamiento Penal, y Rodrigo Pomares, de la Comisión Provincial por la Memoria -todo ellos miembros consultivos del Sistema-. También asistió Andrea Casamento, de la Asociación de Familiares de Detenidos.

Entre otros temas, se intercambiaron ideas sobre la problemática relevada el pasado lunes cuando una Comitiva del Sistema monitoreó la cárcel de mujeres de Ezeiza con el fin de interiorizarse acerca de lo sucedido en la madrugada del jueves 8 de marzo. Según se difundió en las redes sociales y en medios periodísticos, personal penitenciario masculino del Complejo Penitenciario Federal IV de Mujeres de Ezeiza habría ingresado violentamente a un pabellón para poner fin a una protesta.

En la reunión se trataron aspectos vinculados a las cuestiones propias de las mujeres privadas de la libertad, en particular la problemática surgida a partir de la falta de pago del peculio por las horas trabajadas por las mujeres del Complejo y las diversas consecuencias que produjo respecto de las personas privadas de libertad y de sus familias.

El Sistema pudo constatar a través de la Defensoría General de la Nación que los pagos se encuentran regularizados desde ayer. Ello así según informado por las autoridades del Ente Cooperador Penitenciario.

También se trató el tema de muertes en contexto de encierro, que según los registros aportados, han aumentado exponencialmente. Estos hechos mortales serán abordados en forma sistémica, sin perjuicio de la actuación en cada proceso.

Asimismo, los jueces Mario Juliano y Vilma Bisceglia compartieron las conclusiones de la visita que realizaron hace pocos días a la cárcel de Punta de Rieles en Montevideo y del Polo Industrial que funciona en la Unidad 4 de la ciudad uruguaya.

Los miembros del Sistema manifestaron su preocupación por las funciones de los secretarios delegados, las que se fueron extremadamente limitadas a partir del dictado de la Resolución 714/17 de la Cámara Federal de Casación Penal.

De esta manera, el Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles reafirma su compromiso con todas las personas privadas de la libertad y el aseguramiento de la vigencia de sus derechos fundamentales.

Informe e imágenes: Sistema Interinstitucional de Control de las Unidades Carcelarias