COMUNICADO Nº 136/2009

En el transcurso de la semana pasada por dos veces sendos magistrados de la Justicia Nacional del Trabajo se vieron impedidos de ejecutar una medida cautelar, obstaculizados por el retaceo de colaboración por parte de la fuerza pública.

En la segunda de esas oportunidades la cuestión se tornó tanto más grave, ya que al impartir la orden de que se le franqueara el acceso al inmueble, el magistrado interviniente –Dr. Alejandro Sudera, a la sazón Director de la Escuela de Capacitación Judicial de esta Asociación- recibió como respuesta del Comisario José Villamayor que debía el juez llamar al Jefe de Gabinete, Dr. Aníbal Fernández. El concreto rechazo del magistrado a tan improcedente solicitud sólo generó un pedido de disculpas del comisario interviniente, manifestando estar acatando directivas, y la reiteración de la orden del magistrado impartiéndole la directiva de que le franqueara el acceso derivó en un mero intento formal y el abandono de la diligencia por parte del oficial del orden, quien había acudido a la misma vistiendo de civil y sin apoyo alguno.

Los diarios Clarín (página 36) y La Nación (página 14) del sábado 12 dan cuenta de declaraciones periodísticas del Jefe de Gabinete Dr. Aníbal Fernández, refiriendo haber dicho “al Jefe de la Policía, y seguramente el jefe de la Policía trasladó al comisario que estaba en el área, que nosotros no vamos a cumplir esa orden” (Clarín) y afirmando “que el Gobierno había ordenado que no se acatara esa orden” (La Nación). En esas mismas declaraciones el Dr. Fernández se arrogó la facultad de control de constitucionalidad –en el caso respecto de la medida cautelar decretada y su ejecución- que la Carta Magna pone exclusivamente en cabeza de la Corte Suprema y los tribunales inferiores de la Nación (art. 116) y veda en forma absoluta al Poder Ejecutivo (art. 109).

La gravedad institucional de los actos llevados adelante por el Sr. Jefe de Gabinete no puede ser soslayada ni minimizada, en tanto resultan configurativos de múltiples tipos penalmente punibles, violentan flagrantemente la división de poderes y plantean un escenario de conflicto de poderes inadmisible en un Estado Republicano de Derecho.

Esta Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional expresa su más enérgico repudio de las acciones del Comisario Villamayor, del Jefe de Gabinete Aníbal Fernández y de todo otro funcionario público que pudiere haber estado involucrado, requiriendo la inmediata adopción de las sanciones de naturaleza administrativa y/o penales que les pudieran corresponder en orden a los tipos penales que en definitiva les resultaren imputables. 
 

Dr. Ricardo Gustavo Recondo
Presidente

Dr. Ramón Álvarez Bangueses
Secretario General

Buenos Aires, 14 de Diciembre de 2009