En el acuerdo del día de la fecha, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al hacer lugar al recurso interpuesto por el ministerio público fiscal contra el pronunciamiento de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, declaró la competencia de la justicia federal salteña. Para ello consideró que en la sentencia impugnada se había descartado, en forma indebida, subsumir provisionalmente los hechos investigados dentro de la categoría de crímenes de lesa humanidad, al haberlos incorrectamente considerado meros actos aislados de grave violencia institucional cometidos durante la última dictadura militar, pero no vinculados al terrorismo de estado.

Para así decidir, los Ministros Lorenzetti, Highton de Nolasco y Maqueda, enfatizaron que no se trata de que estos hechos puedan ser provisionalmente subsumidos dentro de la categoría de lesa humanidad solo con base en el contexto temporal y espacial en que habrían ocurrido.

En este sentido, sostuvieron que lo decisivo es que la política del terrorismo de estado motivó un ataque sistemático que incluyó toda clase de violaciones a los derechos fundamentales de quienes estaban vinculados a actividades políticas, sindicales y gremiales; y resaltaron que en este caso particular algunas víctimas refirieron haber sido torturadas para obtener información relativa a su vinculación y la de sus conocidos con estas actividades. Por ello, concluyeron que estos hechos podrían constituir, de acreditarse su comisión en los términos denunciados, concretos actos ejecutivos del ataque desplegado por el último gobierno militar conforme a su particular política represiva.

En las presentes actuaciones se investigan los presuntos hechos de privación ilegítima de libertad y de tortura cometidos entre diciembre de 1976 y enero de 1977 por funcionarios policiales de la provincia de Salta, con la participación de Marcos Levín -propietario de la empresa “La Veloz del Norte”-, en perjuicio de un grupo trabajadores de aquella empresa. Dichos hechos habrían tenido lugar en sede de una comisaría provincial ubicada en la ciudad de Salta, con motivo de una denuncia por supuesta defraudación que fuera formulada por el propietario de la citada empresa en contra de aquellos trabajadores.

Las presuntas torturas se habrían cometido en el marco de interrogatorios en los que se habría procurado obtener de los detenidos la confesión en la participación criminal en la mencionada defraudación. Asimismo, en ese contexto, algunos detenidos también habrían sido interrogados por su actividad política y gremial, por la identidad de quienes asistían a las reuniones gremiales y por su pertenencia individual, o la de sus conocidos, a la agrupación “Montoneros”.