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Miércoles, 27 de febrero de 2019
Procesan a Julio De Vido, José Francisco López y Roberto Baratta por cohecho pasivo
Lo resolvió el juez federal Sebastián Casanello. Solicitó la extradición de ejecutivos brasileños sospechados por el pago de sobornos. Se investigan obras en las que participaron las constructoras Odebrecht y Camargo Correa asociadas con firmas argentinas
Sebastián Casanello, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, procesó al exministro Julio De Vido, al exsecretario de Obras Públicas José Francisco López y al exsubsecretario de Coordinación de esa cartera, Roberto Baratta, por el delito de cohecho pasivo en el marco de la causa N° 1614/2016, caratulada “Ben, Carlos y otros s/ Asociación Ilícita”.
Se investigan obras de Aysa en las que participaron las constructoras brasileñas Odebrecht y Camargo Correa asociadas con empresas argentinas. Se trata de la contratación para las obras “Planta Depuradora Paraná de las Palmas”, adjudicada al consorcio de empresas Odebrecht-Benito Roggio e Hijos- Supercemento-José Cartellone, y “Planta Depuradora Berazategui”, adjudicada al consorcio de empresas Esuco-Camargo Correa.
Se sospecha que los empresarios habrían pagado sobornos para direccionar las contrataciones y también para reactivar pagos adeudados a las empresas.
Se amplió el procesamiento dictado el 8 de mayo de 2018 respecto de los empresarios Carlos Wagner (ESUCO SA), Aldo Roggio (Benito Roggio e Hijos SA) y Tito Biagini (José Cartellone Construcciones Civiles), y de las exautoridades de AySA Carlos Ben (presidente) y Raúl Biancuzzo (exdirector de infraestructura).
En esta ocasión, también se procesó en calidad de intermediario en la recepción de sobornos a Jorge Ernesto Rodríguez, contadores argentinos y a otros tres profesionales uruguayos que participaron en la estructura jurídica y financiera de Sabrimol Trading SA, una sociedad off shore con asiento en Montevideo que recibía transferencias consideradas sobornos que Odebrecht, a través de su División de Operaciones Estructuradas, enviaba en forma clandestina a funcionarios públicos.
Tanto a las empresas como a las personas involucradas se les dispusieron embargos de 511 millones de pesos.
El juzgado solicitó al Ministerio Público Fiscal -encargado de obtener la prueba obrante en Brasil- que avance en el proceso de colaboración. Destacó que los estados tienen la obligación de colaborar y auxiliarse mutuamente en la investigación y represión de los delitos de corrupción.
Por último, solicitó la extradición de nueve ejecutivos brasileños de Odebrecht y de Camargo Correa sospechados de haber intervenido en las contrataciones que beneficiaron a esas empresas y en el pago de sobornos.
Informe: Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7.
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