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Jueves, 31 de octubre de 2019
Resolución de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal en causa “Garro Rodríguez, Antonio Indalecio y otros s/recurso de casación”
La Cámara Federal de Casación Penal anuló una decisión del Tribunal Oral nº 1 de Mendoza que había rechazado la detención de acusados por crímenes de lesa humanidad.
Lo resolvió la Sala IV, integrada por el doctor Gustavo M. Hornos –Presidente– y los doctores Mariano Hernán Borinsky y Javier Carbajo –Vocales– en el expediente “Garro Rodríguez y otros s/recurso de casación”. Allí, los jueces del máximo tribunal penal federal de la Nación hicieron lugar al recurso del Ministerio Público Fiscal, que había objetado la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mendoza que rechazó la detención de Juan Carlos Ponce Ochoa (ex subcomisario de la Seccional 16ª de Mendoza), Antonio Indalecio Garro Rodríguez, José Antonio Lorenzo Constantino, Héctor Rubén Camargo (ex agentes de la policía de Mendoza) y Oscar Alberto Bianchi Bartell (ex agente del Servicio Penitenciario), acusados de perpetrar graves crímenes contra la humanidad durante la última dictadura.
En la decisión firmada el día de la fecha, los camaristas descalificaron la resolución del tribunal oral por haber sido respaldada en razones puramente formales, y en la medida en que omitió analizar “los riesgos procesales que entraña para el devenir de las actuaciones la libertad de los acusados y se apartó de la doctrina judicial sobre la materia, establecida y reiterada invariablemente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en precedentes como ‘Vigo’, ‘Pereyra’, ‘Clements’, ‘Daer’, y ‘Otero’”.
La resolución fue dictada en el marco de un incidente de la causa principal “Petra Recabarren, Guillermo Max y otros” –conocida como “Megacausa IV-Mendoza”–, en la que se juzgó la responsabilidad penal de 28 imputados, 24 de ellos pertenecientes a las fuerzas de seguridad combinadas y 4 ex magistrados federales: Guillermo Petra Recabarren, Otilio Romano, Luis Francisco Miret –f– y Rolando Evaristo Carrizo, considerados partícipes primarios de una multitud de delitos perpetrados por las fuerzas armadas y de seguridad, a quienes garantizaron impunidad.
El pasado 5 de septiembre de 2019, la Sala IV –con una integración parcialmente distinta– confirmó las condenas impuestas por el tribunal de juicio –incluyendo las de prisión perpetua que alcanzaron a los ex jueces federales– y anuló varias de las absoluciones dictadas en primera instancia, así como la imposición de penas, que fueron consideradas por los magistrados como desproporcionadamente bajos en relación con la magnitud y la gravedad de los delitos cometidos.
Informe: Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal
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