La empresa AySA y la Universidad de Buenos Aires (UBA) firmaron un acuerdo en donde la casa de estudios se compromete a aportar asistencia técnica a aquella firma, encargada del saneamiento de los márgenes de la Cuenca Matanza-Riachuelo, dentro del Plan Integral de Saneamiento Ambiental del río, ordenado por la Corte Suprema en la causa “Mendoza”, y que tiene al juez federal de Quilmes, Luis Armella, como juez de ejecución.

El convenio tiene por objeto la concreción, por parte de la UBA, de un proyecto urbano que abarque ambas márgenes del río Matanza Riachuelo, en el marco de aquel plan integral.

A esos fines, la UBA prestará cooperación y asistencia técnica a AySA para la realización, por parte aquella institución educativa, del “Proyecto urbano - Ambiental de los Márgenes del Río Matanza - Riachuelo/ camino de sirga”, que implica un diseño de integración costera, a través de una visión integradora, con sentido estratégico y de inserción en la cuenca hídrica, por intermedio de acciones que permitan avanzar en el gradual logro de los objetivos ambientales.

Según se informó del Juzgado Federal de Quilmes, esa tarea conllevará a la prevención y recomposición del daño, constituyéndose en un adecuado complemento del plan de saneamiento de la cuenca, a través de proyectos que prevean la adecuación ambiental del transporte automotor, de las estructuras edilicias, la preservación del patrimonio histórico nacional, la armonización paisajística de la zona y la protección arbórea, entre otras cuestiones, a lo largo de toda la cuenca hídrica.  

Asimismo, se prevé la creación de una Unidad de Coordinación a los efectos de supervisar las actividades que deriven de la aplicación del convenio, la cual tendrá las atribuciones de determinar el programa de actividades, definir los perfiles académicos, profesionales y técnicos necesarios para cumplirlo, proponer el presupuesto correspondiente, elevar a las partes un informe sobre las actividades cumplidas y las erogaciones realizadas como consecuencia del convenio, supervisar el funcionamiento del programa y gestionar los contratos de locaciones de obra y de servicios.

El acuerdo prevé que los fondos necesarios para el desarrollo de los planes de trabajo resultantes del programa serán aportados por la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) y administrados por AySA. Asimismo, dispone que tendrá vigencia por un año, pero se considerará automáticamente prorrogado por períodos similares, salvo que medie un acto expreso en contrario.

La firma del convenio se llevó a cabo en la sede del Rectorado de la UBA, el pasado 16 de marzo, por parte del rector de la UBA, Rubén Hallú, y del presidente de AySA, Carlos H. Ben. También participó el juez Armella y otras autoridades.