La incorporación de tecnologías virtuales de comunicación garantiza el acceso a justicia de la población durante el aislamiento obligatorio
Cada vez son más las jurisdicciones del país que utilizan las tecnologías de comunicación a distancia para resolver conflictos sociales a través de métodos alternativos de resolución de disputas durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio, declarado por el Poder Ejecutivo Nacional el pasado 20 de marzo.
Se trata de una estrategia para garantizar el acceso a justicia de la población frente a temas urgentes, de familiay laborales.
En esta línea, provincias como Río Negro y Entre Ríos están convocando a mediaciones previas obligatorias a través de tecnología a distancia. La jurisdicción rionegrina también incluyó esta modalidad para las conciliaciones laborales.
Asimismo, el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia de Salta habilitó una mesa virtual única para todos los fueros para mediaciones a distancia y autorizó a utilizar el nuevo sistema a los centros de mediación comunitarios y privados inscriptos en la Dirección de Mediación, Conciliación y Arbitraje de la provincia.
El máximo tribunal de San Luis también ofrece a las partes, según el acuerdo 159/2020, la opción de acceder a audiencias virtuales para resolver conflictos a través de un sistema informático (Cisco Weber) que puede descargarse en la computadora o en el celular.
Por su parte, los superiores tribunales de justicia de Neuquén y Mendoza dieron prioridad a las mediaciones judiciales virtuales voluntarias en temas de familia (reclamo de alimentos y régimen de comunicación, entre otras cuestiones urgentes).
En el caso de la Justicia de Santiago del Estero, las mediaciones remotas se realizan mediante sistemas como Zoom y WhatsApp en temas de familia.
Por el momento, la Ciudad de Buenos Aires comenzó a realizar mediaciones comunitarias a distancia, que se solicitan vía mail (mel1@buenosaires.gob.ar), para casos que afectan la vida cotidiana del hogar o conflictos económicos entre vecinos.
Informe: Comisión Nacional de Acceso a Justicia