En línea con la búsqueda de facilitar “la transformación del servicio de justicia en pos de una mayor eficiencia, transparencia, reducción del uso de papel y acceso de las partes a las causas”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación aprobó, dentro de su ámbito, el uso del Expediente Electrónico Administrativo, que se implementará por medio del Sistema de Gestión de Expedientes Administrativos (SGEA) y tendrá la misma validez que su equivalente en papel. 

Según lo dispuesto el 3 de agosto en la Acordada N° 20/2022, con la firma de todos los ministros, la conformidad prestada en el SGEA por el/la agente o funcionario/a interviniente “tendrá el mismo alcance que las actuaciones suscriptas en forma ológrafa”. La Dirección de Sistemas del tribunal estará a cargo de la administración y el mantenimiento del SGEA, así como de la elaboración y coordinación del plan de implementación progresiva de esta iniciativa.

La Corte consideró conveniente el empleo de esta solución tecnológica “a efectos de optimizar los procesos en lo referente a la disponibilidad, almacenamiento, actualización y circulación, contribuyendo a la mejora de los circuitos administrativos”. Además, enmarcó la medida en el proceso “de cambio y modernización” que viene impulsando mediante distintos proyectos de informatización y digitalización. 

El documento repasa las principales acciones impulsadas en los últimos tiempos en esta materia, como parte de un programa de fortalecimiento institucional. Así, entre otros hitos, en 2016 la Corte adoptó la firma digital en la Secretaría General de Administración, y la Acordada 12/2020 aprobó el uso de la firma electrónica y digital en el Poder Judicial de la Nación. 

En octubre de 2021, la mencionada Secretaría –tras requerir a la Dirección de Sistemas el diseño de una aplicación informática que permitiera, en un entorno seguro, sustituir el soporte papel por uno electrónico para los expedientes administrativos–, inició una prueba piloto que comprobó la utilidad y validez de la herramienta.

En el texto de su primer anexo, donde se detalla el procedimiento para la implementación del sistema, la Acordada establece que las dependencias internas de la Corte que intervengan en los expedientes administrativos “deberán gestionarlos prioritariamente de manera electrónica”. Un segundo anexo regula los alcances, pautas y condiciones de utilización del SGEA.