La Corte Suprema de Justicia, a través de la Comisión Nacional de Gestión, presentó un nuevo avance hacia los pagos judiciales online.

Se trata del aviso electrónico de emisión de libranza, que sustituye la compulsa del expediente en sede judicial para verificar el efectivo libramiento del giro por una notificación electrónica, que impactará directamente en la cuenta judicial.

Esta modalidad libera al personal de juzgado de la atención a agentes del banco, que dejarán de concurrir a los tribunales a aquellos efectos, agilizando los trámites de pago.

Cabe recordar que ya están activos, como mecanismos previos a la implementación de los pagos judiciales online, la consulta electrónica de saldos y el pedido de libranzas por Internet.

La consulta de saldos vía web permite recibir información inmediata sobre el estado de una cuenta, sus movimientos y las medidas trabadas sobre ellas. Además, el juzgado, antes de emitir la orden de pago, puede consultar por Internet que existan los fondos necesarios en la cuenta del obligado y que no exista, por ejemplo, un embargo que impida su libramiento.

El sistema apura la confección de los giros judiciales y evita que las partes tengan que ir hasta la sucursal del banco para pedir un saldo, con la consecuente molestia de hacer largas colas.

En consecuencia, acelera la tarea de los abogados, porque disminuye su concurrencia a los juzgados, y agiliza los procesos judiciales: se estima que con el sistema de consultas online se reducen los tiempos para esos trámites de 15 días a 48 horas como máximo.

En tanto, el pedido electrónico de libranzas, ya implementado en los fueros nacionales en lo Comercial y del Trabajo, permite al juzgado solicitar por Internet los formularios provistos por el banco, eliminando el uso del papel –para el requerimiento, respuesta y conforme- y disminuye la presencia del personal del tribunal en la entidad financiera.

Este mecanismo es de uso excluyente y obligatorio en la Justicia Comercial, mientras que en el fuero del Trabajo fue implementado en abril último y se prevé su obligatoriedad para agosto próximo.