El juez Luis Armella, titular del Juzgado Federal de Quilmes, citó a indagatoria al titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), José Ramón Granero, y al jefe de Gabinete de esa repartición, Fabio Manuel Trossero, en el marco de la causa iniciada en el año 2008 luego de que fuera encontrada cocaína oculta en una camioneta de ese organismo.

Granero y Trossero deberán presentarse la próxima semana en el despacho de Armella.

Granero está imputado en orden a los delitos de facilitación de lugar y elementos con los cuales se llevó a cabo el delito de transporte de estupefacientes, agravado por ser funcionario público encargado de la prevención o persecución del delito previsto en la ley 23.737 (previsto y reprimido en el artículo 10º, agravado por el artículo 11º inciso “d” de la ley 23.737).

En tanto, Trossero está acusado en orden a los delitos de organización de transporte de estupefacientes, agravado por haber sido cometido por un funcionario público encargado de la prevención o persecución del delito previsto en la ley 23.737 (previsto y reprimido en el artículo 7º, agravado por el artículo 11º inciso “d” de la ley 23.737).

La causa se inició el 30 de octubre de 2008, en virtud de que en un taller del partido bonaerense de Avellaneda se halló, debajo del asiento del acompañante de un vehículo marca Peugeot, modelo Partner, paquetes con clorhidrato de cocaína, por un total de 6,96 kilogramos, resultando ser un vehículo utilizado por personal de Sedronar. Si bien la camioneta no estaba a nombre de la secretaría, se estaban realizando todas las gestiones para su transferencia.

En la causa, el 16 de agosto de 2009, el juez resolvió decretar el procesamiento -con prisión preventiva- de Carlos Alberto Oreiro (jefe del área de Automotores de Sedronar), Hernán Claudio Aboy y Fernando Jacinto Salcito (choferes del organismo), por considerarlos prima facie autores penalmente responsables del delito de transporte de estupefacientes, agravado por haber sido cometido por tres o más personas y por ser éstos funcionarios públicos encargados de la prevención o persecución del delito previsto en la ley 23.737, (artículo 5º “c” agravado por el artículo 11º inciso “c” y “d” de la ley 23.737).

El procesamiento fue apelado y elevado a la Cámara Federal de La Plata. La Sala III del tribunal confirmó la resolución el 5 de noviembre pasado.