El juez federal de Quilmes, Luis Armella, requirió al jefe de Gabinete de la Nación, Aníbal Fernández, que informe a la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre el estado de los créditos internacionales afectados al plan de saneamiento del Riachuelo.

El magistrado quiere saber "la existencia, ejecución y grado de avance de los créditos internacionales vigentes y afectados al Plan Integral de Saneamiento de la cuenca, y todo crédito adquirido por nuestro país y que puedan ser asignados a acciones que guarden relación con dicho plan de saneamiento, dentro del plazo de quince (15) días contados a partir de la presente”.

Esto se da porque la AGN, designada por la Corte Suprema en el fallo "Mendoza" para llevar adelante el control específico de la asignación de fondos y de ejecución presupuestaria del plan de saneamiento, indicó que desde la Jefatura de Gabinete no se le estaba brindando la información requerida.

Además, Armella solicitó al presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), Homero Bibiloni, y a los representantes del Poder Ejecutivo Nacional, de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que utilicen la totalidad del presupuesto asignado en las distintas áreas para el saneamiento del Riachuelo.

La orden del magistrado se dio luego de que constatara que no se estaba ejecutando la totalidad de las partidas presupuestarias destinadas a tal efecto, ni siquiera los créditos internacionales tomados para el fin específico de la limpieza de la Cuenca Matanza-Riachuelo.

Para el juez, “surge  claramente la existencia de una sub-ejecución presupuestaria por parte de la ACUMAR”.

“A más de dos años de la ejecución del fallo, y existiendo créditos vigentes -de financiamiento nacional e internacional- y fondos disponibles suficientes, conforme lo informado por el organismo encargado del control presupuestario de la manda judicial -AGN-, resulta inexplicable la demora en la realización de las obras de infraestructura comprometidas”, agregó el magistrado.

Armella señaló que “debido al tiempo transcurrido y la maduración institucional adquirida por ACUMAR, corresponde exigir se cumplan las acciones necesarias de manera efectiva, adecuada y acabada por parte de esa autoridad y los funcionarios involucrados en cada una de ellas, conforme  a los mandatos específicos y determinados que les vienen dados”.

La ACUMAR había dicho que la falta de ejecución de partidas se debía a problemas climáticos para desarrollar las obras. Ante esa explicación, el juez indicó que “resulta un argumento pueril atribuir el retraso de la ejecución presupuestaria en la realización de los trabajos programados a  ‘cuestiones climáticas y de ingeniería’”.