El Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del juez Luis Armella, requirió la adopción de las medidas necesarias para la implementación de mejores alternativas y la aplicación de nuevas tecnologías para el tratamiento de la totalidad de los residuos en el ámbito de la cuenca Matanza-Riachuelo.

Para ello, ordenó presentar un proyecto que contenga “una planificación clara y precisa, con detalle de fechas exactas de inicio y finalización de cada obra a realizarse, el costo estimativo de las mismas, los plazos para el trámite de licitaciones que resulten indispensables, la población beneficiada por cada una de ellas, y todo aquello que fuera funcional a la definitiva concreción del PLAN de GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (GIRSU) para toda la Cuenca Hídrica; cuya presentación no podrá excederse más allá del 31 de Diciembre del corriente año, de manera inexcusable”.

La obligación recae sobre el presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), Homero Máximo Bibiloni; los miembros de su Consejo Directivo; el ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Diego César Santilli; el jefe de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires, Alberto Pérez, y el presidente de la Empresa Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), Raúl Felipe de Elizalde.

En la resolución, el magistrado hizo saber a todos los funcionarios involucrados que “de no respetarse las exigencias y plazos establecidos en la presente manda, en forma efectiva, fehaciente, concisa, acabada y pormenorizada, incurrirán inmediatamente en la responsabilidad que les correspondiere, lo cual los hará pasibles de soportar con sus propios patrimonios el pago de una multa diaria por cada día de incumplimiento”.