En el año 1995 se produce el nacimiento del llamado “derecho a la verdad”. Ante la paralización de las causas como consecuencia de la sanción de las leyes de “punto final” y “obediencia debida” y los indultos presidenciales de octubre de 1989 y diciembre de 1990, se presentan ante el Tribunal los Dres. Horacio Méndez Carreras, Octavio Carsen y Emilio Mignone -presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)-, en representación de las monjas francesas Alice Domon y Leonnie Duquet, Esther Ballestrino de Careaga y Mónica C. Mignone.

En esas presentaciones se trataba de recabar información que pudiera estar en poder de las Fuerzas Armadas, acerca del destino final sufrido por las personas tenidas por “desaparecidas” durante el período 1976/1983.

El 20 de marzo de 1995 el pleno de la Cámara Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dicta la resolución nro. 1/95-P. En ella se consagra por unanimidad la obligación de establecer fehacientemente el destino final de las víctimas del Terrorismo de Estado, con el objetivo de descubrir la verdad de lo sucedido y de esta manera brindar una respuesta a los familiares y a la sociedad. Además del derecho a la verdad, se consideró involucrado el derecho al duelo y el respeto al cuerpo.

Inicialmente se apuntó a reunir toda la información existente en poder de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, en particular, los archivos microfilmados de la llamada “lucha contra la subversión”. En general, las respuestas no fueron fructíferas, porque en algunos casos se cuestionó la jurisdicción del Tribunal y en otros se argumentó que con el dictado la llamada “Ley de Autoamnistía” del mes de septiembre de 1983, se había destruido todo lo relacionado con esos hechos. De la misma manera, las citaciones de algunos militares llevadas a cabo en el año 1998 tampoco arrojaron los resultados esperados.

En consecuencia, con la designación del Dr. Horacio R. Cattani y de acuerdo a los objetivos trazados en la materia, el Tribunal encaró decididamente la tarea de obtener la información que pudiera quedar en distintos organismos públicos (Cementerios, Registros Civiles, Juzgados, Morgue Judicial, Registro Nacional de las Personas, entre otras), para lo cual, también se constituyó en dependencias de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

De la centralización y el entrecruzamiento de todos estos elementos resultaron las hipótesis de identidad, que necesitaron ser corroboradas mediante los estudios periciales y genéticos correspondientes, sobre los esqueletos que se fueron exhumando de algunos cementerios de la provincia de Buenos Aires y de esta ciudad (12), de los restos recuperados de la Asesoría Pericial de La Plata, y de las muestras sanguíneas de los familiares de las personas “desaparecidas”. Para ello, se contó con la colaboración de distintos grupos de expertos y laboratorios especializados (Equipo Argentino de Antropología Forense, Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de Durham del Reino Unido, Laboratorio de Inmunogenética y Diagnóstico Molecular de la ciudad de Córdoba –LIDMO-).

A partir del año 2008 se abren nuevas perspectivas con la posibilidad de realizar comparaciones genéticas masivas entre muestras óseas y sanguíneas, sin la condición previa de construcciones de hipótesis de identidad. Para esta tarea se contó con la indispensable colaboración del Laboratorio “The Bode Technology Group Inc.”, sito en la ciudad de Lorton, Virginia, Estados Unidos de América, al que fueron remitidos muestras de alrededor de 600 esqueletos. En una segunda etapa, el LIDMO resignificó la información obtenida en “The Bode” y realizó el control de calidad de los perfiles genéticos, a los que sumó análisis adicionales llevados a cabo en ese y en otros laboratorios, incluyendo en algunos casos la información obrante en el Banco Nacional de Datos Genéticos del Hospital Durand. Esto permitió confeccionar una base de datos con la totalidad de los informes genéticos para su inclusión en los estudios periciales.

Al momento de escribir estas líneas, desde las primeras identificaciones obtenidas a fines de los años ’80 y principios de los ’90, hasta la actualidad donde se llevan a cabo comparaciones genéticas masivas, esta Cámara logró identificar a 192 personas que se encontraban en condición de “desaparecidas”, siendo posible la recuperación de los restos de 163 de ellas.