El Consejo Académico de la Escuela de la Magistratura aprobó el texto de un protocolo que servirá como guía para los magistrados en la atención de personas con problemas de adicciones. El trabajo fue elaborado por una comisión integrada por magistrados y funcionarios del Poder Judicial y el Ministerio Público y representantes de la Secretaría de Salud Mental de la Provincia.

El documento advierte, en su introducción, sobre la necesidad de “superar los tratamientos sectoriales en una coyuntura aparente, dado que la magnitud de la cuestión exige asumirla desde la multidisciplina y con esfuerzos coordinados desde los diferentes sectores comprometidos en la lucha contra este flagelo de las adicciones”.

El protocolo acordado será de aplicación sólo en aquellos casos ingresados para su tratamiento en la Justicia y que involucren a personas adictas.

Entre las pautas de trabajo acordadas se incluye el establecimiento de una comunicación electrónica segura entre magistrados y funcionarios con la Secretaría de Salud Mental de modo que la información fluya en forma ágil y segura para el adecuado tratamiento de la persona adicta.

El protocolo que respeta la adhesión de la Provincia a la resolución conjunta 361/97 del Ministerio de Salud y la Sedronar que estableció la categorización de los establecimientos asistenciales del área de drogadependencia, es de cumplimiento obligatorio para todos los prestadores del área asistencial.

La comisión redactora citó en otro tramo de su trabajo, que en muchas ocasiones el grupo familiar se desentiende absolutamente de la persona adicta, por lo que se sugirió la adopción de medidas de coerción que aseguren ese involucramiento en el proceso de tratamiento.

El punto de partida para el protocolo local fue un proyecto impulsado por la Escuela de la Magistratura a instancias de la presidenta de su Consejo Académico, la vicepresidenta de la Corte de Justicia, María Cristina Garros Martínez, tomando como referencia el trabajo elaborado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación denominado “Guía de orientación a la magistratura para la adecuada atención de personas consumidoras de sustancias psicoactivas”.

En las conclusiones del protocolo local, se destaca la virtud del diálogo utilitario entre los distintos poderes del Estado abandonando la concepción de compartimentos estancos.

Entre las líneas de acción sugeridas se encuentra la creación de una comisión de seguimiento de la aplicación del protocolo acordado. 

Salta, 15 de diciembre de 2010