La Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal confirmó un fallo que había rechazado una excepción de falta de acción planteada por el dueño de la Droguería Urbana, Marcos Hendler, en el marco de una investigación que lleva adelante el juez Claudio Bonadio. 

Hendler había planteado que en esa causa se lo sometió a proceso con relación a los mismos hechos por los que fue indagado y cautelado en el marco de un expediente que instruye el juez Norberto Oyarbide, que a su juicio “tendría un objeto más amplio que el presente”.

Según el tribunal, los elementos a la vista permiten descartar que, en la actualidad, Hendler esté siendo sometido a dos procesos por los mismos sucesos  y también que concurran otras razones que impidan la continuación por separado de las investigaciones que se vienen sustanciando ante los Juzgados Federales n° 5 y n° 11.

En efecto, indicó, que en la investigación que encabeza Oyarbide está imputado por integrar una asociación ilícita dedicada a “la venta de medicamentos que se encontrarían vencidos, adulterados, ya sea en su contenido o packaging o envase falsificado, que no estaría dentro de la cadena de comercialización legal de medicamentos, y otros que provendrían de diversos ilícitos, los cuales son ofrecidos a distintas droguerías y Obras Sociales. Se le imputa la presunta utilización de facturas propias y de otras droguerías para justificar la venta irregular”. Luego se lo procesó por asociación ilícita.

En tanto, agregó, los cargos que pesan aquí sobre él son distintos. Concretamente, se le imputó haber participado en la defraudación perpetrada contra la Administración de Programas Especiales del Ministerio de Salud de la Nación, al momento en que dicho organismo le otorgara a la Obra Social de Choferes de Camiones de la Capital Federal (Oschoca) la suma total de $158.004, en concepto de reintegro por la compra de medicamentos “Erbitux Cetuximab – 100 mg/50 ml” para el tratamiento de cáncer de colon de un grupo de afiliados, medicamentos provistos por la Droguería Urbana S.A., que él preside.

Asimismo, señaló, se le imputa haber participado en la defraudación en grado de tentativa contra la APE, en ocasión en que Oschoca presentó ante dicho organismo troqueles falsos del medicamento “Erbitux Cetuximab – 100 mg/50 ml”, el 26 de febrero del 2009, con el fin que se le otorgara el correspondiente reintegro. Agregó que fue posteriormente cautelado como partícipe necesario del delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio del erario público, en concurso ideal con uso de marca registrada falsificada.     

“Como la descripción que antecede deja en evidencia, no se trata aquí de una mera variación de calificaciones legales –contrariamente a lo argumentado en el recurso-, sino de hechos diferentes, con características y particularidades, visiblemente, disímiles”, señalaron los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah.