El juez Luis Armella, titular del Juzgado Federal de Quilmes, le exigió a la ACUMAR y a los gobiernos de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires que en el plazo máximo de 10 días presenten un plan de patrullaje y monitoreo de los márgenes del Riachuelo, con el fin de evitar la construcción de nuevos asentamientos en los terrenos recuperados por el Estado.

Para el juez, “no se puede pretender dar solución a la problemática habitacional de la cuenca en saneamiento si ante cada nueva obstaculización se deben rediseñar las acciones que en procura de ello se hallen en ejecución, por lo que la autoridad obligada junto a los Estados involucrados deberán poner en funcionamiento inmediato los resortes institucionales que poseen, y en ejercicio del Poder de Policía que la ley les confiere dar respuesta a esas eventuales situaciones”.

El magistrado recordó que los gobiernos involucrados tienen a su cargo a “los responsables de las fuerzas de seguridad de cada una de las jurisdicciones intervinientes, como así también previsionar una modalidad que impida concretamente nuevas obstaculizaciones de esta naturaleza”.

En definitiva, Armella indicó que se “deberá contemplar especialmente la implementación de una red de patrullaje y monitoreo permanente a lo largo de toda la extensión del denominado ‘camino de sirga’, tendiente a evitar la intromisión de nuevas construcciones precarias e informales”.