El Superior Tribunal resolvió adherir a las reglas aprobadas en la Asamblea Plenaria de la XIV Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana, realizadas en Brasilia y cuyo objetivo es garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sin discriminación alguna.

En virtud de esto, a partir de ahora magistrados, funcionarios y demás operadores del Poder Judicial de Formosa deben tener a dichas reglas como guías en todo cuanto resulte procedente y en los asuntos que así lo requieran.

Esta resolución forma parte del Acuerdo 2688 celebrado esta mañana en el Superior Tribunal con la presencia del presidente de la Corte Provincial, Ariel Gustavo Coll y los ministros Héctor Tievas y Eduardo Manuel Hang.

Independientemente de esta decisión, el máximo tribunal viene implementando desde hace un tiempo prolongado en el ámbito del Poder Judicial de Formosa, medidas tendientes a facilitar el acceso a la Justicia de personas en situación de vulnerabilidad.

Esto se ve reflejado con la creación de la Oficina de Atención al Ciudadano, el funcionamiento de las Delegaciones Vecinales, el convenio suscripto oportunamente con el Consejo Profesional de la Abogacía para asistencia jurídica gratuita y la puesta en marcha de la Oficina de Violencia Intrafamiliar, entre otros emprendimientos y medidas adoptadas por el Superior Tribunal, las que comparten  íntegramente el espíritu de las Reglas de Brasilia sobre Acceso a Justicia.

En esa oportunidad, el plenario recomendó la elaboración, aprobación, implementación y fortalecimiento de políticas públicas que garanticen el acceso a Justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad, requiriendo de los operadores y servidores del sistema de Justicia, que otorguen un trato adecuado a las circunstancias singulares de aquellas personas definiéndose a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, a quienes por razón de su edad, género, estado físico o mental o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercer con plenitud, ante el sistema de Justicia, los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.