El Juez Federal Daniel Rafecas dispuso el procesamiento del actual Jefe de la Armada Argentina, Almirante Jorge Godoy y del que fuera Subjefe de dicha Institución, Vicealmirante (RE) Benito Rótolo en orden al delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248, C.P.), en la causa donde se investigan presuntas prácticas -prohibidas por Ley- de “espionaje interno” por parte de la Armada Argentina, del que fueron víctimas -al menos entre 2003 y 2006-, dirigentes sociales y políticos, y que apuntaban también al seguimiento de actividades de organismos de derechos humanos.

Además, el Magistrado dispuso que se sortee un Juez Federal para  que investigue penalmente la desaparición de “partes de información” y otras pruebas documentales comprometedoras que debían encontrarse en diversas dependencias de la Marina y que no fueron halladas al momento de efectuarse allanamientos judiciales en el marco de esta causa.

El Magistrado Federal tuvo por corroborado que el Almirante Godoy y el Vicealmirante Rótolo controlaban el aparato de inteligencia de la Armada Argentina y tenían conocimiento de que desde allí se llevaban a cabo, en forma sistemática y permanente, incluso desde antes de asumir ambos el comando de la fuerza, prácticas de “inteligencia interna” prohibidas por las leyes de Seguridad Interior, de Inteligencia Nacional y de Defensa Nacional, prácticas ilegales que, en los hechos, omitieron desactivar.

Las actuaciones que tramitan ante el Juzgado Federal 3 de esta ciudad, tuvieron su origen en una denuncia formulada por los Dres. Carolina Varsky y Rodrigo Borda, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), ante el Juzgado Federal de Rawson, a raíz de que en la Base “Almirante Zar” de la Armada Argentina, con asiento en la ciudad de Trelew, provincia de Chubut se estarían llevando a cabo actividades de inteligencia interna, tales como el seguimiento de actos en conmemoración de la “Masacre de Trelew”; la conmemoración del “24 de marzo de 1976”, la realización de semblanzas de funcionarios nacionales, tal el caso de la Ministra Nilda Garré, el seguimiento de actividades de agrupaciones de Derechos Humanos y Sociales, entre otras.

Por dichos hechos, fueron procesados los responsables de dicha Base Naval y sus superiores jerárquicos por el Juzgado Federal de Rawson y ante una ampliación de denuncia formulada, también por el CELS, el Dr. Rafecas debió investigar la responsabilidad de las máximas autoridades de la Armada Argentina en dichos sucesos.

Merced a todas las pruebas arrimadas a la pesquisa, ya sea en forma documental o testimonial, la Justicia pudo probar que la práctica de inteligencia sobre la que se alza la imputación contra el Jefe de la Armada Argentina, Jorge Godoy y el anterior Subjefe de dicha Fuerza, Benito Rótolo “se trató de una actividad en la cual participaron diversos integrantes del Sistema de Inteligencia Naval y corroboran que la actividad de obtención y acopio de información vedada por parte de personal de inteligencia de las distintas secciones de la Armada Argentina, fue transmitida con continuidad a los máximos órganos de inteligencia de la Fuerza” y que “toda la actividad desarrollada por esas secciones de inteligencia se originó y luego prosiguió desarrollándose a partir de órdenes dictadas por esos máximos órganos de inteligencia”.

El Magistrado interviniente entendió que “la actividad de inteligencia interna se trató de una actividad habitual, prolongada y reiterada en el tiempo en la Armada Argentina, en la que han participado tanto activa como pasivamente los diversos órganos que conformaban el Sistema de Inteligencia Naval, lo cual incluyó a los más altos integrantes del mismo, siendo éstos, la Dirección de Inteligencia Naval (DIIA) y el Comando de Operaciones Navales (COOP), los que dependían, orgánica y directamente, al momento de los hechos objeto de pesquisa, del entonces Subjefe del Estado Mayor General de la Armada –Vicealmirante RE Benito Ítalo Rótolo- y del actual Jefe del Estado Mayor General de la Armada –Almirante Jorge Omar Godoy-".