“La Corte Suprema está firmemente encaminada en poder resolver todos los obstáculos que existan en el acceso a justicia”, aseguró Analía Monferrer, funcionaria a cargo de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) del Máximo Tribunal.

En esa línea, destacó que “hemos logrado muchos avances, sobre todo en el fuero Civil de Familia, ya que las medidas de protección, que antes se demoraban de tres a cuatro meses, ahora se dictan en un plazo que no excede las 72 horas luego de haber ingresado el caso en la OVD”.

En tanto, sobre el tipo de atención que reciben aquellas personas que se acercan a la oficina, Monferrer dijo que “es interdisciplinaria, a cargo de profesionales del derecho, la medicina, el trabajo social y la psicología. Esto hace que en un único momento en el que se realiza la entrevista la persona se retira de esta oficina con un legajo armado, es decir, un acta que contiene las formalidades de una denuncia con una evaluación del riesgo que está plasmado en un informe”.

“Esto hace que se facilite la tarea de administración de justicia para quienes integran la magistratura, ya que cuentan en un único momento con todos los elementos que les permiten decidir si van a adoptar o no una medida de protección”, señaló la funcionaria.

Con respecto a los próximos objetivos, Monferrer dijo que “el principal foco de atención de la Corte se basa en las réplicas de la Oficina de Violencia Doméstica a nivel nacional. Esto es muy importante, porque uno de los objetivos de la OVD fue contar con datos estadísticos completos acerca de las características de los hechos de violencia doméstica. Esto se ha logrado en la Ciudad de Buenos Aires, a raíz de la información que se recibe en esta oficina, y en las provincias que también tienen OVD (Salta, Tucumán y Santiago del Estero) estamos trabajando para uniformar esos datos y que tengamos registros comparables”.

En ese marco, afirmó que “en aquellas provincias en las cuales no se ha replicado la oficina, ni se va a hacer en un corto o mediano plazo, se está trabajando en lo que denominamos sistema intermedio, para que en los juzgados penales o de familia, que son los que reciben casos de violencia doméstica, se puedan registrar datos mínimos específicos para poder después compararlos a nivel nacional y también regional”.