El Tribunal Oral Federal Nº 2 de Córdoba dio inicio este lunes a las audiencias de alegatos en el juicio oral que se realiza en esa provincia por delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno militar.

Los primeros en realizar su alegato fueros los abogados de la querella que representan a la familia de la víctima Ana María Villanueva.

La abogada María López se refirió al contexto histórico en el que se desarrollaron los hechos y ofreció prueba documental, en la que se retrata la manera en que la Policía de Córdoba formaba parte del plan diseñado por el Tercer Cuerpo de Ejército para el combate de la subversión.

Agregó documental en la que se prueba que las víctimas habían sido detenidas previamente en el D2 y estaban fichadas por la Policía.

Luego, el Dr. Claudio Orosz aseguró que Jorge Diez había sido absuelto en la causa por tenencia de arma de guerra a la que se había referido la defensa y realizó un pormenorizado análisis y cruce de testimonios para confirmar la existencia de la “cita” en la intersección de Av. Octavio Pinto y Caraffa, y del “recorrido” que realizaron el Fiat 128 y los dos patrulleros que luego terminaron en la zona del Chateau Carreras.

Para ello cruzó los relatos de los testigos  y la prueba documental existente en los libros de guardia del Comando Radioeléctrico, el comunicado del Tercer Cuerpo de Ejército que relata el hecho y los informes periodísticos de la fecha, señalando las contradicciones existentes entre ellos y llegando a la conclusión que no hubo un intercambio de disparos, que las armas que se encontraron fueron puestas por la Policía y que se trató de “una masacre”.

La querella consideró a los tres imputados como autores de privación ilegítima de la libertad agravada y homicidio agravado, destacando su condición de funcionarios públicos, por lo que solicitó prisión perpetua para los tres, a cumplirse en cárcel común, e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Pasando el mediodía comenzó  el alegato del Sr. Fiscal ante el Tribunal Oral Nº 2, Dr. Carlos Gonella, quien tras realizar un breve repaso de los hechos centró su alegato en que los hechos estaban probados  e incluso reconocidos por el imputado Pedro Nolasco Bustos, aunque aseguró que la persecución y secuestro sufridos por las víctimas  estuvieron originados en su condición de militantes universitarios.

Aseguró que el Tercer Cuerpo de Ejército había definido a la militancia universitaria como un “enemigo” a combatir, agregando que existe  un cuadro indicial serio, grave y coherente.

Por último el fiscal pidió la reclusión perpetua para los tres imputados e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La audiencia continuará el miércoles 14 de marzo, a las 11 hs, para escuchar los alegatos de las defensas.