En la ciudad de Formosa, se llevó a cabo el Primer Curso de Capacitación para el personal de la Justicia Federal en el fuero penal, organizado por la Unión de Empleados Judiciales de la Nación -Delegación Formosa-.

El tema central versó sobre las Excarcelaciones, trámites y pautas de resolución. El dictado estuvo a cargo del Presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia y Especialista en Derecho Procesal, doctor José Luis Alberto Aguilar, y contó con la presencia del Camarista del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Formosa, doctor Eduardo Ariel Belforte y del Juez Federal de Primera Instancia Nº 2 de Formosa, doctor Eduardo Agustín Valiente.

El curso de perfeccionamiento, tuvo una masiva participación de agentes del Poder Judicial de la Nación y de los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa de esa ciudad, así como empleados de la justicia provincial.

En la exposición, se analizó la excarcelación en su faz teórico-práctica, describiendo su conceptualización como su naturaleza jurídica, destacando que el Instituto en cuestión, constituye el contrapeso necesario frente a la coerción, a efectos de garantizar el derecho constitucional a la libertad de toda persona inocente -art. 18 CN y Tratados internacionales con jerarquía constitucional-.

Se resaltó el avance que significó, frente al esquema tradicional de delitos excarcelables e inexcarcelables por el monto de la pena en abstracto, el camino iniciado con los fallos Barbará, Macchieraldo y Nápoli, los cuales fueron delineando lo que constituye el verdadero leading case en materia excarcelatoria, es decir, el Plenario Nº 13 de la Cámara Nacional de Casación Penal en la causa “Díaz Bessone”, en la que se deja definitivamente de lado las presunciones juris et de jure que preveía el sistema anterior, identificando peligrosidad procesal con el monto de la pena conminada en abstracto para el delito que se trate; para establecer un sistema de presunciones juris tantum, o sea, que admiten prueba en contrario y para el cual resulta determinante al momento de decidir acerca del beneficio excarcelatorio, la objetiva, real y concreta prognosis acerca de la peligrosidad procesal o el entorpecimiento del proceso que pueda significar que el imputado permanezca en libertad durante la tramitación de la causa.

Finalmente, se trabajó en casos prácticos, coordinados por la doctora Rocío Alcalá, quien actualmente ejerce funciones en el cargo de Secretaría de Derechos Humanos de la Cámara Federal de Resistencia.