Los días 28 y 29 de septiembre pasados, se llevó a cabo en Montevideo –República  Oriental del Uruguay–, un Seminario Binacional sobre Trata de Mujeres y Niñas y Explotación Sexual Comercial Infantil. Representando esta región, asistieron a las jornadas de discusión las doctoras Ana Victoria Order –quien preside el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia e integra la Cámara Federal de Apelaciones por subrogación–, Selva Angélica Spessot –Presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes– y Zunilda Niremperger –Juez Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña (Chaco)–.

El objetivo del encuentro consistió en habilitar un espacio para el intercambio de experiencias entre fiscales y jueces argentinos y uruguayos sobre la temática, con la conferencia inaugural de la Fiscal de Paraguay, Teresa Martínez, a efectos de conocer el desempeño y las herramientas de las que se sirven en el ámbito de sus respectivas competencias, desde la perspectiva de los derechos humanos.

El evento estuvo auspiciado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas del Ministerio Público Fiscal, el Centro de Estudios Judiciales del Uruguay, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de Cultura y Educación de Uruguay, la Organización Internacional para las Migraciones y  UNICEF.

En los distintos paneles convocados, se discutió respecto de la gran complejidad que conllevan la trata laboral, de mujeres y la explotación sexual comercial infantil, problemáticas que atentan gravemente contra los derechos humanos de mujeres, niñas y niños. Asimismo, se destacó la amplia participación y aportes de las magistradas chaqueñas a partir de su concreta experiencia judicial en la materia.

Entre los aspectos más sobresalientes, se consideraron los factores que se encuentran íntimamente vinculados a la trata de personas –como la pobreza, la discriminación por género, la desigualdad de oportunidades– y la problemática que complejiza el abordaje de la temática, esto es, la dificultad de la sociedad en su conjunto para visualizar a las víctimas, la escasa probabilidad de que ellas denuncien lo que están padeciendo, sea por desconocimiento de los mecanismos institucionales que poseen o bien por la relación de poder entre victimario y víctima, en tanto hace que ésta se sienta como cómplice del delito, así como el alto nivel de especialización de la delincuencia organizada.

Se abordó exhaustivamente en la visualización del riesgo de las víctimas, sin descuidar la protección de los elementos incriminatorios necesarios para llevar a juicio penal a los involucrados.

En tal sentido, se plantearon distintas soluciones jurídicas a la cuestión especificada, fomentando la cooperación internacional a los fines de potenciar los vínculos de confianza entre los operadores de los países para proteger a las víctimas, para lo cual se señaló como imprescindible su formación y capacitación.